El proyecto de ley indica que los funcionarios del estado se sometan a narcotest, incluye, a organismos autárticos y empresas estatales, quedando afuera los empleados públicos
El diputado nacional Gabriel Chumpitaz por Santa Fé, presentó, éste lunes pasado un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a un exámen toxicológico, de ésta manera se busca demostrar, si consumen drogas o no.
La propuesta establece en su artículo 1 «la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios», para garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública» estan alcanzados por el proyecto de ley, todos los funcionarios del ejecutivo, la justicia y el congreso, también a directivos de organismos autárticos desentralizados y empresas estatales.
Asi aplicar a las autoridades de rangos equivalentes en provincias, los municipios, que eventualmente adhieran a ésta legislación. el narcotest también sera obligatorio al asumir el cargo, se hará una vez al año «de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios».
El proyecto incluye normas de procedimientos y confidencialidad, ya que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, remitiendo los resultados a la autoridad competente, quién garantizará su resguardo y custodia.
En caso de qué el funcionario de positivo en el exámen, podrá exigir una contraprueba, y de volver a dar positivo, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación. En ese caso, las autoridades de cada poder determinaran la continuidad del funcionario y los pasos a seguir.
«La lucha contra el narcotráfico y él fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quiénes escriben las leyes, quiénes la aplican y quiénes la hacen cumplir» expresó Chumpitaz.
«Quiénes pretenden liderar estas dificiles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo».
«Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder» y agregó, «Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones».
También se aclara que él costo del exámen toxicológico será afrontado por cada funcionario, y rechazar él procedimiento será considerado igual que si el resultado fuera positivo, tal cómo sucede en los controles de alcoholemia en la vía pública.
Entre las sustancias que buscará detectar el exámen están prevista la cocaína y derivados, la marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén, prescritas por un profesional de la salud.
El proyecto lleva la firma de algunos de sus pares de bloque, Veronica Razzini, José Nuñez, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, y Emanuel Bianchetti. y dos de la Libertad Avanza, Lorena Vllaverde y Carlos Zapata.
En el caso de la provincia de San Luis, ya se implementó en su territorio, empezó en noviembre del 2024, con una prueba piloto, con él que buscan garantizar que funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado local no asistan a sus puestos laborales luego de haber consumido sustancias prohibidas.
El gobernador Claudio Poggi fue él primero en someterse al test, trás conocer los resultados, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico, «necesita coherencia y fortaleza, lo cuál imposibilita a quiénes consumen llevarla adelante».
Este 5 de marzo, a través de la Loteria de San Luis, se realizará el primer sorteo para definir a los primeros 100 funcionarios provinciales que deberan someterse a exámen obligatorio. Después de las notificaciones a los funcionarios que resulten sorteados, Al dia siguiente será la toma de las primeras muestras.
