La Justicia Electoral de Misiones resolvió eliminar del padrón a todos los efectivos activos de las fuerzas de seguridad. La medida, basada en la Constitución provincial, llega en un momento políticamente sensible por la irrupción de Ramón Amarilla, exsuboficial y referente del reclamo salarial policial.
Una medida legal, pero controvertida
El Tribunal Electoral de Misiones resolvió este miércoles aplicar con firmeza el artículo 48 de la Constitución provincial, que prohíbe votar a los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La decisión excluye del padrón a más de 7.000 efectivos entre Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército, de cara a los comicios del 8 de junio.
Aunque la norma está vigente desde hace años, su aplicación rigurosa ha sido poco frecuente. El contexto electoral actual, sin embargo, otorga una nueva dimensión al alcance de esta decisión.
El factor Amarilla
El impacto político gira en torno a la figura de Ramón Amarilla, suboficial retirado y candidato emergente tras liderar una reciente protesta policial por mejores salarios. Su postulación ganó visibilidad y apoyo entre sectores históricamente postergados, en especial entre los uniformados.
Su crecimiento en las encuestas generó inquietud en el oficialismo. En ese marco, la exclusión masiva de votantes ligados a las fuerzas de seguridad despierta sospechas, incluso entre quienes admiten la legalidad de la resolución.
Reclamo judicial
El abogado y concejal de Montecarlo, Lucas Vega, actual candidato a renovar su banca por el espacio «Por la Vida y los Valores», anunció a través de sus redes sociales que recurrirá a la Justicia para exigir la revocación de la medida adoptada.
Según explicó, «esa cláusula ya fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones en 2006 (“Fiscalía de Estado s/ acción declarativa”). El fallo fue claro: la proscripción es arbitraria, discriminatoria y viola normas federales y tratados internacionales», argumentó.
Vega también señaló que «el Tribunal Electoral no solo desoyó ese precedente obligatorio. También omitió realizar el mínimo control de convencionalidad exigido por la Corte Suprema desde ‘Mazzeo’ en adelante. Se limitó a citar una norma inválida, como si nunca hubiese sido anulada». Además, advirtió que «la exclusión masiva de votantes rompe el principio de sufragio universal, igual y obligatorio (art. 37 CN). Lesiona el derecho humano al voto (arts. 23 CADH y 25 PIDCP). Y lo que es peor: vulnera la legitimidad del proceso electoral en curso».
Por último, consideró que «esta medida no solo desconoce la Constitución Nacional. Viola el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Reinstala una prohibición derogada de hecho desde hace casi dos décadas. Un retroceso inaceptable». En este contexto, adelantó que impulsarán «la inconstitucionalidad del art. 48 inc. 10 de la Constitución de Misiones y la nulidad absoluta del Acta Acuerdo 1221. También dejaremos planteada la reserva del caso federal para garantizar la revisión por la Corte Suprema».
¿Golpe a la base o impulso simbólico?
El resultado es incierto. La medida podría debilitar el apoyo territorial de Amarilla al quitarle una porción clave de votantes. No obstante, también podría fortalecer su imagen como figura de resistencia frente a un sistema que, si bien democrático en su forma, aparenta restringir el acceso político de quienes desafían al oficialismo.
