La Cámara Federal porteña ratificó por unanimidad el procesamiento de la ex diputada del Frente de Izquierda por incitación a la discriminación, a raíz de ocho publicaciones en X donde comparó al Estado de Israel con el régimen nazi. También quedó firme un embargo de 10 millones de pesos.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Vanina Biasi, ex diputada nacional y legisladora electa por la Ciudad, por el delito de incitación a la discriminación. La medida, adoptada por unanimidad por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ratifica lo dispuesto previamente por el juez federal Daniel Rafecas e incluye un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.
La causa se originó a partir de ocho publicaciones realizadas por Biasi en la red social X entre noviembre de 2023 y enero de 2024. En esos mensajes, la ex diputada calificó al Estado de Israel como “nazi”, “fascista” y “colonialista”, y lo vinculó con prácticas de exterminio similares a las del régimen de Hitler. El fiscal Carlos Stornelli presentó la denuncia al considerar que las expresiones configuraban una incitación a la discriminación religiosa, en los términos del artículo 3 de la ley 23.592.
Entre las pruebas presentadas figuran un dictamen del Centro Simón Wiesenthal, informes académicos de especialistas en antisemitismo, testimonios de funcionarios y representantes de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, y una presentación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), querellante en la causa, sostuvo que los mensajes reproducían “clásicos estigmas del antisemitismo moderno” y que su reiteración, sumada a la condición de funcionaria pública de Biasi, amplificaba su impacto negativo.
La defensa apeló el procesamiento alegando que se trata de una persecución contra la libertad de expresión y que las críticas se dirigieron exclusivamente al Estado de Israel, no al pueblo judío. También destacó la diferencia entre antisionismo y antisemitismo, y presentó informes de historiadores e investigadores, junto con el apoyo de organizaciones de derechos humanos.
Al analizar la apelación, los jueces recordaron que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que está sujeta a límites para proteger el honor y los derechos de terceros. Si bien reconocieron la distinción entre sionismo y judaísmo, consideraron que en redes sociales los mensajes pierden contexto y pueden interpretarse como una descalificación al conjunto del pueblo judío. Coincidieron en que las expresiones de Biasi “excedieron los márgenes legalmente permitidos” y “banalizaron eventos de extrema gravedad”, transformándose en incitación a la discriminación y al odio.
El embargo de 10 millones de pesos fue ratificado por considerarse proporcional a la causa y a los costos del proceso. Con la instrucción prácticamente finalizada, el juez Rafecas podría elevar el caso a juicio oral, donde la ex diputada enfrentaría una posible condena de uno a tres años de prisión en suspenso.
