El triple crimen ocurrido en Florencio Varela no es un hecho aislado ni un episodio más de la violencia que se multiplica en nuestras calles. Tres mujeres asesinadas en un mismo acto deberían ser un llamado a la conciencia nacional: si no protegemos a nuestros ciudadanos, si no defendemos a nuestros niños y jóvenes de la droga, la pedofilia y la prostitución, ¿qué futuro estamos construyendo para la Argentina?
Según trascendió, las víctimas fueron halladas en una vivienda humilde, con signos de extrema violencia. La escena del crimen, de una crudeza difícil de describir, no deja dudas de que estamos frente a un hecho que supera lo personal o lo pasional. Todo indica que detrás puede haber un entramado mayor, vinculado a la trata de personas y al narcotráfico, flagelos que ya han dejado su huella sangrienta en distintos puntos del país. En Varela, como en tantos barrios del conurbano, la droga ha colonizado las calles, los jóvenes caen cada vez más temprano en las redes del consumo y las mafias locales conviven en la penumbra con la política.
“Acá todos sabemos quién vende, quién controla y quién hace la vista gorda. El problema es que nadie se anima a hablar porque el que denuncia termina amenazado”, cuenta una vecina que prefiere no dar su nombre. Su testimonio refleja el miedo cotidiano con el que viven miles de familias, que sienten que el Estado se retiró y dejó el terreno libre a los narcos.
En este marco, también debemos ser claros: la inmigración descontrolada ha sido otra vía por la que el crimen organizado logró infiltrarse y afianzarse. Un país que no protege sus fronteras está condenado a ceder su soberanía y a dejar a sus propios ciudadanos a la intemperie. Este triple crimen muestra, una vez más, que sin un Estado firme que cuide quién entra y quién sale, se abre la puerta a la proliferación de redes delictivas que comercian con vidas humanas.
El error de caratular este caso únicamente como femicidio es más que un desvío semántico: es un obstáculo real para llegar a la verdad. Si la investigación queda atrapada en el fuero provincial, se limita la posibilidad de abrir caminos hacia la Justicia Federal, donde deben tratarse los delitos de narcotráfico y trata de personas. Forzar la etiqueta de femicidio, lejos de ayudar a las víctimas, corre el riesgo de encubrir las verdaderas redes detrás del crimen y blindar a quienes podrían tener vínculos políticos con estos delitos aberrantes. En la práctica, esto significa que se puede terminar investigando con la lupa equivocada, y que lo que debería ser un proceso de esclarecimiento profundo se transforme en un simple trámite que jamás rasque la superficie del verdadero problema.
“Estamos ante un crimen que, por sus características, debería tener intervención inmediata de la Justicia Federal. Cuando se lo reduce a un femicidio, se corre el foco y se deja de lado la posible conexión con la trata y con las redes narco”, explica un especialista en criminología que trabaja en causas vinculadas al conurbano bonaerense.
La droga avanza como un cáncer silencioso, capturando a jóvenes cada vez más chicos. Las redes de trata y prostitución operan con impunidad, convirtiendo a seres humanos en mercancía. Mientras tanto, barrios enteros quedan rehenes de narcos que dominan territorios con una violencia despiadada. Este escenario no surge de la nada: surge de fronteras mal vigiladas, de controles laxos, de políticas blandas frente a una amenaza que debería ser enfrentada con decisión nacional.
Los vecinos de Varela, golpeados por el miedo, lo resumen de forma cruda: “No queremos que nuestros hijos crezcan con la droga en la esquina, no queremos más chicas desaparecidas. Queremos vivir en paz, nada más.” Sus palabras son sencillas, pero dicen más que cualquier discurso político.
El triple crimen de Florencio Varela debe ser entendido como un punto de quiebre. No es un drama policial aislado ni un caso más para llenar minutos en la televisión: es un síntoma de que la Argentina está en riesgo de quedar en manos de quienes lucran con la muerte, la droga y el dolor.
Y aquí la reflexión se impone como una oración civil: un país que no protege a sus hijos, que no custodia sus fronteras, que no enfrenta la corrupción de raíz, está condenado a perder su alma. La sangre de estas tres mujeres clama por justicia, pero también por una decisión política que trascienda la cobardía y el cálculo. Si la Nación calla, este crimen se sumará a la lista de tragedias olvidadas. Pero si el pueblo exige con firmeza, aún hay esperanza de que la Argentina recupere la dignidad y la fuerza para defender la vida frente al poder oscuro del narcotráfico y la trata.
