Mientras se define cómo cumplirá su condena por corrupción, Cristina Kirchner reaparece con duras críticas a la Corte Suprema y solicita cumplir prisión domiciliaria por motivos de seguridad. La disputa judicial vuelve a exponer tensiones institucionales y el impacto de los procesos penales en la política argentina.
Un fallo histórico y sus consecuencias inmediatas
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad, la primera sentencia firme por corrupción durante su gestión ejecutiva. La Justicia ahora debe resolver cómo y dónde deberá cumplir esa pena. En ese contexto, la dirigente del peronismo reapareció con un fuerte mensaje político y judicial.
A través de un extenso posteo en la red social X, Cristina confirmó que se presentará ante el juez el próximo miércoles 18 de junio para quedar detenida, al tiempo que lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y pidió prisión domiciliaria.
Un mensaje político en clave judicial
En su publicación, Cristina acusó a la Corte Suprema de ser un “triunvirato títere” y denunció una supuesta persecución política y judicial. Además, cuestionó el fallo como un intento de condicionar el voto popular, reforzando su idea de que existe un “Partido Judicial” aliado a sectores opositores.
Con una alusión directa a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri actualmente prófugo, Cristina remarcó:
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y consigue que el Partido Judicial lo proteja y lo sobresea”.
Los fundamentos del pedido
La defensa de la exmandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó ante el Tribunal Oral Federal N°2 una solicitud para que Cristina pueda cumplir su condena en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución.
Los abogados argumentaron que la prisión domiciliaria no se trata de un privilegio, sino de una medida vinculada a la seguridad personal e institucional. En este sentido, señalaron que, como expresidenta, Cristina cuenta con custodia obligatoria de por vida, y que un establecimiento penitenciario no podría garantizar su integridad.
Asimismo, recordaron el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022:
“La bala no salió por un auténtico milagro”, escribió Cristina, aludiendo a un ataque aún bajo investigación. Para la exfuncionaria, ese hecho refuerza la necesidad de condiciones especiales de detención.
El escenario judicial y político
El Tribunal deberá decidir si hace lugar al pedido, en medio de un clima político tenso y con impacto en la opinión pública nacional e internacional. El presidente del TOF 2, Jorge Gorini, se encuentra de licencia, por lo que la decisión recaerá en Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes además deberán resolver el futuro de Lázaro Báez y los demás condenados en la causa.
La defensa advirtió que, si no se concede el arresto domiciliario, recurrirán a la Corte Suprema y eventualmente a organismos internacionales de derechos humanos, elevando así el conflicto a una escala global.
