Cada 24 de marzo se instala en Argentina una narrativa dominante sobre el inicio del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, para entender realmente lo ocurrido, es imprescindible mirar lo que pasó antes, sin recortes ni omisiones.
La violencia en Argentina no comenzó en 1976. Desde fines de los años 60 y durante toda la década del 70, el país fue escenario de una escalada sistemática de acciones armadas por parte de organizaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Los números son contundentes: cerca de 21.700 atentados en aproximadamente 10 años, lo que equivale a un promedio de 6 atentados por día, uno cada 4 horas. Dentro de esas acciones se contabilizan alrededor de 1.500 homicidios, 1.748 secuestros y más de 5.000 colocaciones de explosivos. No se trataba de hechos aislados, sino de una estrategia sostenida que afectaba tanto a instituciones como a la población civil.
En memoria de estas victimas.
El objetivo de estas organizaciones no era simplemente la protesta política, sino —según múltiples interpretaciones y análisis— la toma del poder para transformar el sistema institucional argentino hacia un modelo revolucionario, en muchos casos inspirado en experiencias como la de Cuba. En ese marco, distintos sectores sostienen que existieron vínculos ideológicos, logísticos o de formación con ese país, en el contexto de la Guerra Fría.
Este proceso se intensificó incluso antes del regreso de Juan Domingo Perón. En 1973, durante el gobierno de Héctor José Cámpora, se otorgaron indultos que permitieron la liberación de integrantes de estas organizaciones, y se desarticularon mecanismos judiciales diseñados para juzgar estos delitos dentro del marco constitucional.
La situación se agravó durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, quien en 1975 firmó decretos ordenando el “aniquilamiento del accionar subversivo”, en el contexto de operaciones como el Operativo Independencia. Esto refleja que el propio Estado democrático reconocía la gravedad de la amenaza.
En paralelo, surgieron estructuras como la Alianza Anticomunista Argentina, vinculada a José López Rega, lo que evidencia un proceso de deterioro institucional profundo, donde la violencia ya formaba parte del funcionamiento del sistema.
Para ese entonces, Argentina atravesaba una situación crítica: atentados, secuestros y asesinatos eran parte de la realidad cotidiana. La población civil no estaba al margen, sino en el centro del conflicto.
Desde esta perspectiva, el inicio del Proceso de Reorganización Nacional es interpretado por algunos sectores como una respuesta a ese escenario de descomposición, donde el Estado había perdido control frente a la ofensiva subversiva. Incluso hay quienes sostienen que se trató de una forma de confrontación contra estructuras que operaban como un “Estado paralelo” con influencias externas.
A partir de los años 2000, durante gobiernos como el de Néstor Kirchner, se consolidó una política de memoria centrada principalmente en los crímenes del Estado, dejando en segundo plano a las víctimas de la violencia guerrillera.
Asimismo, la cifra de 30.000 desaparecidos, instalada como símbolo, presenta diferencias con registros documentados como los de la CONADEP, lo que abre un debate sobre el uso de números en la construcción de la memoria colectiva.
Una memoria completa no puede construirse sobre silencios selectivos. La historia argentina de los años 70 exige ser comprendida en toda su complejidad, reconociendo cada una de sus dimensiones.
Porque cuando la memoria se fragmenta, deja de ser memoria y se convierte en herramienta.
LOS LAPICES SIGUEN ESCRIBIENDO, GRACIAS A LAS FFAA.
