La policía podrá intervenir ante la geolocalización de un celular robado
La "Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos", impulsada por el senador Ciro Seisas, fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura. Crea un marco legal que obliga a la Policía a actuar ante un celular geolocalizado y ataca la cadena económica que hace rentable el robo.
La "Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos", impulsada por el senador Ciro Seisas, fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura. Crea un marco legal que obliga a la Policía a actuar ante un celular geolocalizado y ataca la cadena económica que hace rentable el robo.
La legislatura santafesina convirtió en ley provincial el proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. La norma ataca el problema del robo de celulares desde dos frentes simultáneos: el procesal y el económico.
El robo de celulares se consolidó como uno de los delitos más frecuentes en el Área Metropolitana Rosario. Solo en la ciudad se producen cerca de 200 robos de dispositivos por día, y entre el 70 y el 80 por ciento de las víctimas no llega a radicar la denuncia. La combinación de impunidad en la calle y facilidad para vender los equipos robados convirtió el delito en una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad. La ley sancionada hoy busca revertir esa ecuación desde los dos extremos: la intervención inmediata y el cierre del mercado ilícito.
El primer eje de la ley incorpora la geolocalización como supuesto de flagrancia. Hasta ahora, si una víctima rastreaba su celular robado y llamaba a la Policía, no existía un marco legal claro que obligara a intervenir de inmediato. Con la nueva norma, cuando el dueño puede mostrar la ubicación del dispositivo en tiempo real, la fuerza de seguridad está legalmente obligada a actuar sin necesidad de esperar una orden judicial.
"Hoy la víctima puede rastrear su celular y llamar a la policía, pero no hay un marco legal claro para actuar", explicó Seisas durante el debate. Con esta ley, esa brecha queda cerrada.
El segundo eje apunta al corazón del negocio ilícito. La ley crea un Registro Provincial obligatorio para todos los comercios que compren, vendan o reparen celulares usados. Cada operación deberá registrar el número IMEI del equipo y los datos del vendedor, lo que genera trazabilidad sobre los dispositivos que circulan en el mercado. Ante falta de documentación, la norma habilita inspección, inmovilización del equipo y clausura del comercio.
"Sin un lugar donde vender lo robado, el delito pierde buena parte de su incentivo", sostuvo Seisas. "La ley no solo le da herramientas a la Policía para actuar en el momento del robo: también le cierra la puerta al mercado que hace que robar un celular sea un negocio."
La ley incluye además una reforma al Código de Faltas y establece mecanismos de cooperación con el Ministerio Público de la Acusación y con ENACOM, el ente nacional regulador de las comunicaciones.
