El operativo se realizó por orden judicial sobre un inmueble de 27 departamentos vinculado a una investigación por estafa inmobiliaria. El Gobierno de la Provincia destacó que la recuperación de activos provenientes del delito forma parte de una política destinada a privar a las organizaciones criminales de sus recursos económicos.
El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este miércoles en Rosario un procedimiento de toma de posesión de un edificio de 27 departamentos ubicado en Buenos Aires al 1063, decomisado por orden judicial en el marco de una causa por estafa inmobiliaria. El inmueble, vinculado al empresario Leandro Pérez, será puesto en condiciones para integrar una futura subasta pública, como parte de la política provincial de recuperación de bienes provenientes del delito.
Durante el operativo, el secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, y el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, brindaron detalles sobre el procedimiento y remarcaron la decisión del Gobierno Provincial de avanzar sobre el patrimonio obtenido mediante actividades ilícitas.
Figueroa Escauriza explicó que el edificio, compuesto por 27 unidades funcionales, fue decomisado por disposición judicial tras una investigación por estafa inmobiliaria. Recordó que hace un mes se notificó a los ocupantes sobre la obligación de restituir el inmueble y que la semana pasada se reiteró esa intimación, debido a que persistían ocupaciones e, incluso, se habían concretado nuevos alquileres de manera deliberada.
«Hoy estamos llevando adelante el decomiso de esta propiedad. Venimos a recuperar un bien que la Justicia determinó que proviene de una actividad delictiva y que, a partir de ahora, pasará a formar parte del patrimonio del Estado», señaló el funcionario.
Asimismo, indicó que durante el procedimiento detectaron que un grupo de personas había ingresado al edificio durante la noche tras forzar los accesos, con la intención de ocupar algunas de las unidades. «Estas situaciones son las que aparecen cuando se afecta el patrimonio de quienes cometieron delitos. Por eso es fundamental sostener la decisión política y judicial de avanzar sobre esos bienes», afirmó.
El secretario agregó que, una vez finalizadas las actuaciones y relevado el estado del inmueble, la Provincia realizará las tareas de acondicionamiento necesarias para incorporarlo a una próxima subasta pública prevista para marzo o abril del próximo año en Rosario.
Avanzar sobre el patrimonio del delito
Por su parte, Angelini sostuvo que la recuperación de activos constituye uno de los ejes centrales de la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y señaló que la investigación patrimonial es una herramienta clave para desarticular las estructuras criminales.
«El objetivo es avanzar sobre toda la cadena del delito: desde quienes ejecutan los hechos hasta quienes obtuvieron enormes beneficios económicos mediante actividades ilegales. También debemos actuar contra los delincuentes de guante blanco, que durante años acumularon un importante patrimonio a costa del perjuicio de miles de rosarinos», afirmó.
El funcionario remarcó que las investigaciones por lavado de activos y decomiso de bienes presentan una elevada complejidad técnica, pero destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación para concretar el procedimiento.
«Lo importante es que esos bienes ya no generan ganancias para quienes cometieron delitos. Ahora pasan al Estado y podrán ser reutilizados en beneficio de toda la sociedad», concluyó.
